domingo, 4 de junio de 2017

Reflexiones de un votante frente a una elección de Estado

No sé ahora, pero la educación que recibí en la primaria y la secundaria ha sido la más sólida y perdurable en mi vida. Quizá por eso mi afecto hacia El Oro sea tan fuerte: por los compañeros, las maestras y los profesores con los que estudié. Esos años de formación tienen cierto parecido a los más recientes: se dio en medio de una crisis económica que preocupaba a mi familia, a mi municipio y al país entero.
En los ochenta, México no tenía la misma pluralidad que ahora: los partidos de oposición eran una minoría frente a ese binomio conocido como PRI-Gobierno, una maquinaria que produce pobreza en su beneficio para conservar el poder. Su cultura política, perfeccionada perversamente a lo largo de los años, revelaba simulación y conveniencia: desde entonces podíamos atestiguar que su conducta no era honesta y que sus intereses eran ajenos a las necesidades populares, que reclamaban justicia y derechos sociales.
El PRI de hoy es el mismo de hace 35 años, a pesar de la abundante información que documenta el enriquecimiento de sus dirigentes, candidatos y funcionarios gubernamentales a costa del erario. No se necesita mirar hacia Veracruz, Quintana Roo, Coahuila o Chihuahua para señalar la corrupción de los priistas: en nuestra región, de donde son originarios secretarios estatales y exdiputados federales, la inmensa fortuna de estos vividores es una imperdonable ofensa frente a la alta marginación que se extiende en el noroeste del estado de México.
El PAN y el PSUM eran los principales opositores, y el PPS, el PARM y el PST jugaban el mismo papel que hoy representan el Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social: cúpulas que apoyan la permanencia del PRI en el gobierno. De aquella época recuerdo bien la contienda por la gubernatura de Chihuahua en 1986: una lucha ciudadana sumada a la del panismo y un fraude electoral que aquella vez se justificó llamándolo patriótico.
Poco más de tres décadas después, Acción Nacional dejó de ser, a partir del salinismo, el partido que anteponía sus ideales democráticos a la vulgar negociación, hasta convertirse en aquello que criticaron sus fundadores: una clase política ciega ante las carencias sociales. Lo mismo le ocurrió al PRD, heredero del registro del PSUM y PMS, de forma acelerada desde 2008, cuando los chuchos y sus aliados tomaron el control de un partido que dio la espalda a su propia historia, al ser absorbido por el régimen al que por dos décadas se opuso.
Hasta 1989, ningún candidato opositor había sido reconocido como triunfador en una elección a gobernador. El gobierno mismo era el que presidía la comisión electoral y los diputados electos calificaban la validez de su propia votación. Todo dependía, pues, de la voluntad del gobierno de respetar el sufragio efectivo. No fue sino hasta 1994, en un intento por contener la violencia política de aquel año, cuando se pretendió ciudadanizar al instituto electoral, carácter que solamente duró de 1996 a 2003, ya que luego los partidos le restarían independencia al organismo federal.
Pero en nuestro estado esa distinción no se ha dado: el instituto que organiza las elecciones locales es una extensión del gobierno estatal. Su parálisis ante la naturalidad con que delinque el partido oficial ha pasado del asombro a la indignación: desde que Arturo Montiel instauró el programa de regionalización, el aparato gubernamental está al servicio del partido que de revolucionario no tiene nada y de institucional solamente la obediencia al mandatario en turno.
El condicionamiento de la entrega de programas asistencialistas es un delito electoral, al igual que la compra descarada del voto y la abierta participación de los gobiernos federal y estatal para favorecer al candidato priista, a los que habría que añadir adversidades como la incitación al abstencionismo, las falsas encuestas, las campañas sucias, la desinformación y el bombardeo de llamadas telefónicas, muestras todas ellas de que la democracia en nuestro estado está en riesgo.
El grupo Atlacomulco lleva 75 años en el poder. Desde el cacicazgo de Isidro Fabela, luego del asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán en 1942, hasta la ineptitud del actual gobierno, su sello distintivo ha sido la impunidad. Los negocios al amparo del poder o el desfalco sólo se entienden por la complicidad con que ha actuado, sea por los lazos familiares de los Fabela Alfaro, Del Mazo Vélez, Sánchez Colín, Del Mazo González, Montiel Rojas y Peña Nieto, o por la máxima del hijo adoptivo, Carlos Hank González, llevada a la práctica con todo exceso: un político pobre, es un pobre político.
Hoy hay cuatro circunstancias que complican el cambio de régimen: Eruviel Ávila ha desviado más de 11 mil millones de pesos, seguramente en beneficio propio, pero también para repartir en este proceso electoral, sobre todo en la jornada de este día. Dos: la pobreza en el estado es aprovechada por el PRI en esta campaña y también es una evidencia de las profundas desigualdades que agudiza este gobierno: 58.9 por ciento de pobres es la cifra de una gestión que parecería desastrosa, si no observáramos que en realidad funciona para aquellos que sostienen una vida privilegiada como funcionarios estatales. Tres: a ello habría que sumar la baja participación en las dos elecciones anteriores, 43 por ciento en 2005 y 46 en 2011; es decir, el voto leal al PRI es el que ha pesado frente a la indiferencia de los abstencionistas.
El cuarto es un factor impulsado desde el PRI-Gobierno y los medios de información afines: la candidatura del PRD para dividir el voto opositor. Parece que hay que recordarles a los electores que se trata de una vieja estrategia el presentar a un personaje más o menos novedoso, con un discurso atractivo, para atraer votos a un proyecto personal. En cada elección ha pasado, aunque quizá se haya perdido de vista lo que buscaban esas caras prácticamente desconocidas: en 1994, el PT lanzó a Cecilia Soto, entonces diputada del PARM, como su candidata para conservar el registro; y ella luego sería embajadora en Brasil con Fox y hoy es diputada por el PRD. En 2000, Gilberto Rincón Gallardo se postuló por Democracia Social; no consiguió la votación mínima, pero con Fox y Calderón presidió la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. En 2006, Patricia Mercado, con Alianza Socialdemócrata, mantuvo el registro, aunque por poco tiempo, y ahora es la secretaria de gobierno de Mancera. Finalmente, en 2012, el discurso de Gabriel Quadri fue suficiente para que Nueva Alianza prosiguiera como partido político; hoy apoya la candidatura de Alfredo del Mazo Maza.
El inflado ascenso de Juan Zepeda apunta en ese sentido: cautivar, no con la intención de ganar, sino de obstaculizar una verdadera alternancia. A quienes se han dejado engañar por su imagen mediática se les olvida que como diputado local no ha destacado ni demostró en la Legislatura ninguna oposición importante a las iniciativas del gobernador Ávila. Y se les olvida también que apenas hace tres meses, el PRD canceló la elección interna, programada el 5 de marzo, donde el expresidente municipal de Nezahualcóyotl contendería frente a otros dos precandidatos. Su designación por dedazo sólo se comprende por un acuerdo fraguado entre su jefe, Héctor Bautista, y el gobierno estatal.
Si a pesar de eso, del periodismo de investigación que señala al PRD en el estado de México como un partido vendido, los votantes quieren desperdiciar esta oportunidad de cortar el ciclo de corrupción e impunidad en nuestra entidad, es porque prefieren que el PRI retenga la gubernatura, en lugar de hacer posible un cambio de gobierno.
Me han preguntado por qué votaré por Delfina Gómez Álvarez. Desde el año 2000, cuando renuncié al PRD, no he vuelto a militar en ningún partido. Desde 1994 no he dejado de votar y siempre he decidido hacerlo por un proyecto político, antes que un candidato o un partido en campaña, pues su trayectoria es lo que realmente importa, no si son simpáticos o buenos oradores. Nunca votaría por el PRI o por sus aliados, pues su insaciable apetito por el dinero público ha despojado al país de casi todo nuestro patrimonio. Un cambio siempre será más deseable que ver cómo siguen saqueando a la nación. Veo en la candidatura de Delfina Gómez esa posibilidad de ajustar el progreso a favor del pueblo. Veo en ella a una ciudadana que sabe escuchar las críticas y a un equipo de especialistas preparado para gobernar con un enfoque social. Veo en un voto por ella a una sociedad que le exigirá un gobierno transparente donde no habrá lugar para la traición.
Ojalá hoy nos libremos de este sistema deshonesto.

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