La Profepa, o cómo vivir del erario

El autodenominado «gobierno del cambio» nunca lo fue. En el año 2000 el Partido Acción Nacional consiguió la presidencia de la República con un discurso fincado en la oposición que lo cambiaría todo. El desprestigio del Partido Revolucionario Institucional fue el aliciente aprovechado por Vicente Fox Quesada para cautivar al electorado con su carisma y sus «buenas intenciones». En el fondo, el quebrado empresario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, buscaba el poder público para su beneficio, una conducta que le criticó al PRI hasta la saciedad, aquella misma que los gobiernos panistas perfeccionaron en la práctica. Su cinismo es inconmensurable: su actual dirigente nacional, Germán Martínez Cázares, fue designado, como antaño, por el titular del ejecutivo federal, y él lo acepta sin ambages: ante tal señalamiento, le contestó a Álvaro Delgado, reportero de Proceso, que «el panismo se equivocó desde su fundación». Con esa confesión, no es extraño que el poder ejecutivo se ejerza del mismo modo en que se hizo en el priato: los funcionarios de la administración federal ocupan cargos públicos sin mayor mérito que su filiación partidista. Es el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
La Profepa es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), según Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003 (en un inicio lo fue de la Secretaría de Desarrollo Social, como consta en el Diario Oficial de la Federación del 4 de junio de 1992). Ocho procuradores federales lo han sido hasta el momento, el primero de ellos, Santiago Oñate Laborde –nombrado formalmente por Luis Donaldo Colosio, quien en abril de 1992 dejó la presidencia del PRI para asumir la nueva secretaría creada con la aprobación de la Cámara de Diputados, con 308 a favor, en mayo de ese año– tiene algo en común con sus dos sucesores inmediatos: con Mariano Palacios Alcocer (1993), presidir posteriormente el PRI; y con Miguel Limón RojasErnesto Zedillo (1994-2000) como secretarios de Estado: Oñate en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Limón en la de la Reforma Agraria. (1994), iniciar el sexenio de
El cuarto procurador duró en el puesto de 1995 a 2001: Antonio Azuela de la Cueva, un especialista en derecho ambiental (abogado por la Universidad Iberoamericana en 1975, su tesis doctoral en ciencia política por la UNAM, de 2004, es sobre la juridicación de la cuestión ambiental en México), fue sustituido por el abogado José Ignacio Campillo García (egresado, como Oñate y Limón, de la Facultad de Derecho de la UNAM), quien antes había sido titular de la desaparecida Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, convertida en Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mediante decreto presidencial el 5 de julio de 2001 (su primer comisionado federal, Ernesto Enríquez Rubio, tomó posesión el primer día de enero de 2002 y es uno de esos funcionarios federales que transitaron de las administraciones priistas a las panistas sin ninguna dificultad, a pesar de su pasado: Enríquez era un personaje ligado a Carlos Hank González y José Antonio González Fernández, y en enero de 2006 renunció, se dijo, para sumarse a la campaña presidencial de Roberto Madrazo Pintado, aunque en realidad su nombre ya se mencionaba involucrado en escándalos políticos como los negocios de Hank en Costa Rica o sobornos a legisladores para favorecer a las tabacaleras; su relevo es sintomático: el panista Juan Antonio García Villa, originario de Coahuila, experimentado legislador, pero no en la materia).
José Campillo García, nieto de José Campillo Sáinz (director del Infonavit entre 1976 y 1988), estuvo en el cargo hasta que el 2 de septiembre de 2003 el presidente Fox reorganizó su gabinete –luego de los resultados adversos al PAN en las elecciones legislativas de ese año– para incluir en él a sus correligionarios: destituyó a los secretarios de Energía, Ernesto Martens Rebolledo, y de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger Waisman, para darles cobijo y acomodo al abogado Felipe Calderón Hinojosa (hasta entonces director de Banobras) y el ingeniero electricista Alberto Cárdenas Jiménez (ex gobernador de Jalisco y hasta ese momento director de la Comisión Nacional Forestal). Los cambios incluyeron a la Profepa, donde fue nombrado el ingeniero químico metalúrgico José Luis Luege Tamargo, quien había dejado la presidencia del comité directivo regional del PAN en el DF, la cual encabezaba desde el '99. Lo dicho: el único requisito estriba en ser un «prominente» panista desempleado.
Luege, como tres de sus antecesores, ascendió después a una secretaría, la Semarnat, el 23 de junio de 2005, y de ahí arribó, junto con el espurio, a la dirección general de la Comisión Nacional del Agua. Fue relevado por un queretano, ex gobernador del estado como Palacios Alcocer (1985-1991): el ingeniero agrónomo –por el ITESM– Ignacio Loyola Vera, gobernador de Querétaro de 1997 a 2003, ratificado por Calderón el 4 de diciembre de 2006. De él habría que recordar lo que en abril de 2007 dio a conocer El Universal: que había permitido al ex gobernador Arturo Montiel Rojas construir una lujosa residencia en el área natural protegida de Careyes, en el municipio de La Huerta, Jalisco. Desarrollos turísticos que infringían la ley, sobrepesca en zonas restringidas y tala ilegal fueron algunas de las constantes de impunidad en su gestión, a decir de Greenpeace México. Una vez que se dio a conocer su renuncia, en diciembre de 2007, la directora ejecutiva de la organización ambientalista, Patricia Arendar, declaró que «los militantes de partido no deben intervenir en la labor de la Profepa; esta institución debe estar en manos de técnicos con capacidad política, que puedan administrar y contener la destrucción de nuestros recursos naturales». A pesar de ello, el 18 de enero de 2008 un tercer ex gobernador asumió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: Patricio Patrón Laviada (al frente del gobierno de Yucatán de 2001-2007), quien afirmó con descaro que no se necesita ser un especialista para dirigir a la Profepa (El Universal, 19 de marzo de 2008). Su nombramiento reavivó las acusaciones de ecocidio cometido por el gobierno estatal en su sexenio contra la reserva natural de Cuxtal para ampliar las instalaciones de la feria de Xmatkuil.
En el estado de México, el nombramiento de los delegados federales no son la excepción: José Luis Carlos Santos Ramírez, médico veterinario zootecnista por la UAM-Xochimilco, es el panista que está a cargo de la Profepa en la entidad desde el 16 de agosto de 2007. Antes fue asesor de la Comisión Especial de Ganadería en dos legislaturas federales (en la primera oportunidad, 1995-1998, presidida por el entonces diputado Joaquín Montaño Yamuni, actual senador de Sinaloa); en la LVIII legislatura (2002-2003) se vinculó a Abelardo Escobar Prieto –electo como diputado suplente en la segunda circunscripción plurinominal por el estado de Chihuahua (la propietaria era Josefina Vázquez Mota)–, quien solicitó licencia para separarse del cargo el 12 de junio de 2003 y así asumir la dirección del Registro Agrario Nacional. El ahora secretario de la Reforma Agraria (en el cargo desde el 24 de abril de 2006) lo designó delegado del RAN en el estado de México el 9 de octubre de 2003, luego de que Santos Ramírez contendiera sin éxito por la diputación federal del distrito 2 de Zumpango ese año bajo el emblema del PAN. Concluyó su función el 5 de julio de 2007.
¿Qué queda por ver cuando un funcionario no cubre el perfil profesional del cargo? El sueldo del procurador federal de Protección al Ambiente es de 138 mil pesos mensuales, y el de delegado de la Profepa, la mitad: 64 mil (mejor que los 48 mil que recibe mensualmente un delegado estatal del RNA). Sueldazos. No hay mucho más que decir, sólo concluir que los panistas son lobos con piel de oveja.

[versión ampliada del artículo publicado en el número 385
del semanario El Manifiesto, el 26 de marzo de 2008]